

Se cumplieron 4 años y 8 meses desde el ingreso del proyecto de Ley que postula regular la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones. Una estimación indica que existe una demanda de unas 5 mil nuevas antenas. En el último período, se han cursado cerca de 3 mil solicitudes para su localización.
Con nuevas bandas de operación disponibles, se abre más competencia para el sector de telefonía celular. A las empresas Entel PCS, Movistar y Claro, se sumaron VTR y Nextel, como proveedoras de telefonía móvil. Este crecimiento de telefonía móvil implica externalidades positivas, pero también negativas. Sin lugar a dudas, mayor competencia en el mercado de la telefonía celular, puede traer expectativas ante una posible rebaja de las tarifas. También significa entre otras materias, nuevas locaciones para la instalación de antenas celulares.
Lo anterior, ha generado una serie de recurrentes conflictos con la comunidad, por la opinión de no tener una torre a pocos metros de sus viviendas. Sólo en nuestra comuna de La Reina, los intentos de emplazamiento de antenas en Av. Larraín, Av. Príncipe de Gales, calle Nuncio Laghi, calle 23 de febrero y la reina media y alta genera el malestar de la comunidad, sumado a otras denuncias de vecinos.
En este panorama la Presidencia de la República, le otorgó urgencia a este polémico proyecto de Ley (diciembre 2010). Cabe recordar que el impacto visual y el daño a la plusvalía de las viviendas cercanas de estas estructuras son innegables. En meses recientes, se publicó en un diario de circulación nacional que la tasación de casas y el valor de una propiedad declinaba según la distancia en relación a una antena celular. En edificios los precios pueden bajar hasta un 25% y en casas hasta un 30% (ref. El Mercurio, en “Economía y Negocios”, domingo 15 de mayo).
No negamos que las antenas celulares son necesarias para una sociedad que necesita de mayores y mejores medios de comunicación. Sin embargo, el acceso a bienes y oportunidades de desarrollo requiere de medidas que protejan a los ciudadanos y contribuyentes, sus estilos de vida, su paisaje y entorno urbano.
El Parlamento está en deuda y no puede dilatar más, un proyecto de Ley urgente y necesario. A la vez, contribuirá a que no se sigan dilapidando y cortando cientos de bosques para aportar en tanta papelería que van y vienen en las discusiones legislativas.
Francisco Olea, Sociólogo
Magíster en Desarrollo Urbano, Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Pontificia Universidad Católica de Chile